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Cómo avanzar hacia una movilidad sustentable

La movilidad es una necesidad en las ciuda- des, pero también es un derecho2. Sin embargo si no se ejerce adecuadamente, este derecho puede vulnerar el de otros. Dados los elemen- tos comunes que tienen entre sí, es obligado un enfoque interdisciplinario entre movilidad, desarrollo urbano y medio ambiente que re- suelva los distintos requerimientos (y conse- cuencias) de las decisiones en política pública. Por eso hablar de movilidad + urbana + susten- table tiene mucho sentido.

Vincular crecimiento económico con cali- dad de vida y sustentabilidad ambiental en el transporte dentro de las ciudades requiere dejar atrás modelos que han demostrado su ineficacia, y crear alternativas innovadoras aplicables a un contexto complejo como el que existen en nuestras zonas urbanas. De parte de la sociedad civil hay empuje, ideas y proyec- tos que deben ser retomados e impulsados por las agendas de gobierno de todos los niveles; la sociedad civil es un activo imprescindible sobre todo cuando las tecnologías de información, los datos abiertos y la investigación aplicada se convierten en herramientas poderosas de gestión y convencimiento.

El futuro urbano de México, tendencias y grandes potenciales en las ciudades.

Existen 59 zonas metropolitanas en el país, de las cuales 30 tienen más de 500,000 habitantes las cuales concentran el 47.5% de los mexicanos. En total hay 2,375 localidades urbanas de más de 2,500 habitantes que concentran al 77% de la población. La urbanización además de que es un proceso tendencial e irreversible, tiene múltiples beneficios ambientales, económicos y sociales.

Sin embargo, el crecimiento de las zonas urbanas se ha dado de una forma dispersa, disconexa y expansiva, fragmentando el espacio urbano y aumentado las distancias y tiempos de traslado de manera que en los últimos 30 años el área de las ciudades, pertenecientes al subsistema principal del SUN, se ha expandido 7.6 veces de 1980 a 2010, mientras que la población sólo se ha incrementado 1.9 veces, significando una disminución de la densidad de la población del 75%5.

Asimismo, el modelo de movilidad que ha acompañando a este proceso de crecimiento urbano es claramente insostenible. Durante las dos últimas décadas ha habido en Méxi- co una tendencia alarmante en el incremento del uso del automóvil: el aumento en los ve- hículos registrados de 6.5 millones en 1990 a 20.8 en 2010 ha ido de la mano de los kilómetros vehículo recorridos (KVR) que se han triplicado al pasar de 106 millones en 1990 a 339 millones en 2010, a una tasa de crecimiento increíble de 5.3% anual.

Esta tendencia implica un aumento de todos los impactos negativos generados por el automóvil, sobre todo en seis grandes rubros: gases de efecto invernadero, contaminación, obesidad, accidentes, congestión y ruido. Nuestro país pierde anualmente 14,000 vidas por contaminación atmosférica, 24,000 por accidentes de tránsito y un número todavía poco documentado por falta de actividad física (enfermedades cardiovasculares y dia- betes). Sin ir más lejos, en 5 grandes zonas metropolitanas del país se estimó que este costo es de cerca del 4% del PIB de esas ciudades, es decir unos $173,000 millones de pesos cada año.

Conforme se incorporan más coches a las calles de nuestras ciudades, la movilidad de las personas tiene un decrecimiento marginal en los beneficios mientras los costos se incrementan linealmente. Se estima que más allá de un nivel óptimo entre 4,000 y 6,000 kilómetros-vehículo recorridos al año, los costos marginales exceden a los beneficios: cada viaje adicional en automóvil reduce la productividad general.

Los retos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero son tam- bién muy importantes. Nuestro compro- miso como país de reducir la produccón de CO2 no es con los otros países sino con nosotros mismos. En el sector transpor- te, se estiman emisiones de 347 Mt/año para 2030 si seguimos con nuestro patrón actual de emisiones; sin embargo nuestra meta para un escenario de techo de 450 ppm es la de emitir solo 185 Mt/año . Es decir, que para 2030 debemos reducir 162 Mt/año, lo cual implica la aplicación de políticas sólidas de reducción de km-vehículo recorridos, eficiencia de motores y gasolinas, logística y cambio modal de carga, ciudades compactas y políticas in- tegradas de transporte público y no motorizado.

Se ha documentado bastante que una importante clave para reducir las externalidades negativas del transporte, así como mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de las ciudades, es enfocarse en la reducción de los kilómetros-vehículo recorridos bajo una estrategia general de Reducir-Cambiar-Mejorar:

Reducir, es decir evitar las necesidades de viaje en automóvil particular, reducien- do el tamaño del viaje o eliminándolo;

Cambiar, es decir modificar la distribu- ción modal de los viajes en favor de mo- dos más eficientes como la movilidad no motorizada o el transporte público; y

Mejorar, optimizando el desempeño del transporte motorizado para reducir las externalidades negativas.

LA visión de nuestras ciudades, criterios generales de Política Publica.

La movilidad ocupa un papel central en la sociedad, en tanto que permite la comunicación, la actividad económica e integra los espacios y las actividades; es una necesidad de todas las personas para poder acceder a los bienes y servicios básicos que hacen posible una vida digna. Al reconocerla como un derecho humano autónomo, genera compromisos y obligaciones del Estado, por lo que las políticas de movilidad bajo un enfoque de derechos humanos deben ir dirigidas a cumplir con estas obligaciones. Disponibilidad, accesibilidad y calidad como los componentes del derecho, engloba los contenidos e indicadores necesa- rios para este cumplimiento. Es imprescindible ajustar los criterios de evaluación de políticas a estas obligaciones públicas.

Las implicaciones de estas obligaciones son clave en el planteamiento sobre qué mo- delo de transporte necesitamos. El cumplimiento conjunto de estos tres componentes garantizaría la equidad en el acceso, la eficiencia en la disponibilidad, la sustentabilidad y la calidad en la infraestructura y la operación. Por ejemplo, el cambio modal de viajes para reducir el uso del automóvil y ampliar los viajes a pie, en bicicleta y en transporte público es clave para reducir accidentes, niveles de obesidad, KVRs y por lo tanto emisiones contaminantes y de efecto invernadero. Asimismo, aumentar la conectividad, la densidad y la ciudad compacta con usos del suelo mixtos reduce también KVRs y favorece el cambio modal. Estas estrategias aseguran el cumpli- miento de los componentes del derecho a la movilidad.
Una visión colectiva de ciudad puede usar y combinar adecuadamente los instrumentos disponibles, cuando se establecen criterios de política pública innovadores y apropiados respecto a los rectos actuales de la movilidad. Se plantean aquí algunos de ellos.

Las decisiones más eficaces de política pública se toman cuando las acciones res- ponden a una visión colectiva en las ciudades, donde se alinean las expectativas con los pro- yectos. Esto permite procesos ampliamente benéficos: la sinergia entre estrategias en dis- tintos sectores y niveles de la administración pública, la continuidad de políticas públicas a lo largo del tiempo a través de distintas ad- ministraciones e incluso con diferentes parti- dos políticos, así como el alineamiento entre sociedad y gobierno que permite legitimar las decisiones y sobre todo reducir el riesgo y mejorar la capacidad de gestión y decisión de la autoridad responsable. Una visión no es la suma de los proyectos, sino la meta que como sociedad se exige alinear a las acciones. Toda política de innovación en movilidad requerirá sólidos acuerdos entre sociedad y gobierno, y debe ser punto de partida para cualquier plan o programa.

¿Cómo pasar de esta visión de futuro a la acción concreta?

Hay muchos elementos que ha ido incorporando la gestión de la movilidad en el país y en el mundo de los cuales se puede aprender. Uno de ellos es que la gestión de la oferta de transporte público, no motorizado y espacios urbanos de calidad es solo la mitad de la estrategia completa. La otra es
la gestión de la demanda del transporte, que controla los impactos negativos de patrones de movilidad poco sustentables como el uso excesivo del automóvil y la ciudad dispersa y fragmentada. Siendo complementarios, am- bos tipos de gestión generan instrumentos de planeación, regulatorios, económicos, de información y tecnológicos.

Criterio 1: Pensemos hacia futuro, no solo al presente. La falta de una visión a lar- go plazo ha derivado en que los programas, proyectos y acciones no generen resultados acumulativos hacia un sentido anhelado, re- sultando continuamente en resultados con- trarios. Si bien hay prioridades inmediatas que es innevitable atacar, es necesario esta que los proyectos a largo plazo para que puedan adecuarse a lo largo del tiempo, deben responder a necesidades futuras y co- menzar a construir desde hoy un modelo de movilidad aspiracional. Combinar los objetivos de planeación con las asignaciones pre- supuestales es clave para que las inversiones refuercen la visión de ciudad acordada. Los proyectos deben ser modulares, es decir de- ben ser replicables y adaptables a la demanda de manera que siempre se mantengan altos niveles de calidad y servicio.

Criterio 2: Hagamos más con menos. Las limitantes presupuestales obligan a que cada peso en el presupuesto público genere el mayor beneficio posible. Invertir en infraes- tructura pesada y cara no necesariamente redunda en un mayor beneficio. La política de movilidad debe ir dirigida a construir un país con alta productividad y una economía baja en carbono. Ello requiere que un conjunto de medidas, inversiones y programas equilibrado e inteligente que genere una gran sinergia entre ellas de manera que cada peso invertido y cada esfuerzo genere más valor social, económico y ambiental.

Criterio 3: Accesibilidad, no rapidez. Para generar valor en la ciudad la clave es la accesibilidad a servicios, productos, lugares o personas, no la movilidad en sí misma. La productividad de las ciudades debe dirigirse hacia hacer accesibles los potenciales urbanos, más que a mover personas cada vez más kilómetros a un costo cada vez mayor. Un criterio de accesibilidad promueve la baja velocidad porque permite una alta eficiencia urbana en menos espacio y genera más valor derivado del potencial y las economías urba- nas. Así el criterio de velocidad debe usarse en ciertos casos en los que lo amerite, pero nunca como criterio generalizado que incida negativamente en la expansión, fragmentación e inseguridad de las ciudades.

Criterio 4: Flexibilidad e integración. La infraestructura es clave en la consecución de objetivos de movilidad, sin embargo debe ser complementada siempre por elementos de operación, información, comunicación y monitoreo de manera que se potencie el uso inteligente de los sistemas de movilidad. Así mismo, la propia infraestructura debe tener una mezcla adecuada de dimensiones, rigidez y velocidad, de manera que se maximice la integración y la flexibilidad de uso de todo el sistema.

Criterio 5: Movilidad para todos, no solo para algunos. La movilidad en las ciudades debe ser un servicio público asequible y accesible para todos, por lo que el criterio de equidad es central y debe ser guía para las de- cisiones de cobertura, inversión y estructura tarifaria. Las inversiones y subsidios en mo- vilidad urbana deben ser lo más progresivos que se pueda a fin de compensar aunque sea en parte, la inequidad existente en las ciudades. Por ello, además, los proyectos y programas deben garantizar un alto estándar de seguridad vial, en el entendido de que los costos sociales por atropellamientos y choques vehiculares son asumidos por los más pobres, y los que caminan, circulan en bicicleta y en transporte público. Se debe reducir el riesgo, y distribuirlo entre todos de manera equitativa.

Criterio 6: Más calidad y mejor gestión. Las decisiones de planeación, diseño y operación de los sistemas de movilidad deben siempre enfocarse prioritariamente en el usuario, y nunca en factores externos como la tecnología, la política, o los retos contractuales público-privados. Esto llevará a colocar en el centro de los proyectos los estándares de calidad del servicio y anteponer los viajes puerta a puerta como criterio principal en los diseños. Para garantizar una operación ade- cuada a estos requerimientos, los contratos público-privados de construcción y operación deben reducir el riesgo de todas las partes y enfocarse a garantizar indicadores de calidad y eficiencia por sobre las inversiones excesivas en infraestructura.

Gestión Metropolitana Innovadora. Una Responsabilidad Social Nacional Compartida..

La Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos establecen clara- mente el marco normativo general de dis- tribución de competencias entre el gobierno federal, los estados y los municipios. De acuerdo a esto, a la Federación le correspon- den básicamente tres grandes facultades contenidas en el artículo 7° de la Ley: i) de asesoría financiera; ii) de asesoría técnica, y iii) de planeación del desarrollo urbano y la política de suelo a nivel nacional.

En el ámbito urbano, que en casi todos los casos de más de 500,000 habitantes es también intermunicipal, a los Estados y Municipios les corresponden funciones diversas que cada legislación estatal distribuye de manera distinta. Sin embargo, en una gran cantidad de casos, le otorga al Estado la gestión del transporte masi- vo y de las vialidades primarias, mientras que al municipio le asigna la gestión de las calles secundarias. Aunque cada ciudad es distinta, Estado y municipios comparten,
superponen y complementan facultades a nivel metropolitano respecto a la planea- ción, el diseño, la implementación, la ope- ración y la evaluación de proyectos, progra- mas y sistemas de movilidad urbana.

Un nuevo enfoque de la gestión de la movilidad en las ciudades necesariamente requiere una estrategia innovadora a nivel nacional. Dado que los gobiernos locales (estatal y municipales) son los que impulsan los proyectos y guían la planeación urbana, recae en ellos la innovación de proyectos iniciales que puedan ser tanto exitosos como eventualmente replicables. Estas dos características son esenciales para colocar temas en las agendas gubernamentales como opciones viables de políticas públicas.

Una vez que los proyectos son vistos como exitosos, la Federación tendría la responsabilidad de replicarlos en el resto de las ciudades a través de los instrumentos que ya se establecieron (asistencia financiera, asistencia técnica y planeación nacional). Esta pareja indisoluble de estrategias (proyectos piloto locales exitosos y una política nacional para replicarlos) ha mostrado su éxito en muchos temas, en especial con los sistemas BRT, y puede funcionar en muchos más, como movilidad peatonal, infraestructura ciclista, bicicletas públicas, sistemas in- tegrados de transporte, estaciones multimodales, estacionamientos en vía pública, entre otros.

Las ciudades son cada vez más grandes y abarcan cada vez más municipios. Esta realidad urbana genera un creciente número de fronteras administrativas y políticas que fragmentan nuestras ciudades, y que aportan un alto nivel de complejidad. Es necesaria una nueva gestión metropolitana que adecue los sistemas de transporte de las ciudades a la realidad de la movilidad de las personas, y que reduzca los costos de la descoordinación y la división en fronteras que no aportan nada a este tipo de servicios.

En la medida en que la gestión metropolitana de la movilidad se enfoque solamente en la problemática y las necesidades específicas del sector, es que se pueden reducir estas barreras. Dentro de estas acciones hay tres prioritarias:

Creación de organismos de transporte metropolitanos que tomen decisiones sobre operación, servicio y planeación de los organismos operadores de transporte;

For talecimiento de organismos de planeación del transporte en el que estén representados municipios y estados en cada zona metropolitana, y que tengan capacidad de decisión respecto a gasto de inversión, destino de fondos y planeación; y

Creación de Institutos Metropolitanos de Planeación que concentren la capacidad institucional respecto a la planea- ción, diseño, evaluación y monitoreo.

Hay que recuperar las capacidades de planeación del país, pero adaptándolas a las necesidades, barreras y recursos que existen hoy y existirán en el futuro. Un elemento clave es garantizar que el gobierno federal asuma las responsabilidades de planeación, gestión del suelo, inversión en infraestructura, vinculán- dolo sólidamente con los procesos locales de planeación. Este modelo debe diseñarse con un enfoque estratégico y de proyectos, complementado pero nunca sometido a una orientación normativa y regulatoria. Sobre todo, es necesario vincular las decisiones de planeación tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal con las decisiones de presupuesto, que rara vez hoy están ligadas.

Finalmente, es recomendable que las dependencias y organismos de movilidad y transporte de las zonas metropolitanos y los estados se asocien entre sí y creen organis- mos especializados que acuerden normalizar sus normas, estándares y regulación, intercambien información, generen bases de datos comunes y publiquen manuales. Los temas pueden ser diversos, pero deben incluir diseño vial, estructura contractual de sistemas de operación privada, normas de calidad del servicio, normas de circulación, estándares vehiculares, información de circulación de vehículos y licencias de conducir, entre otros.

Movilidiad más urbana, más sustentable. 3 líneas estratégicas complementarias

Movilidad urbana. La ciudad define una necesidad de movilidad para las perso- nas. Si esta necesidad de acceder a bienes y servicios no existiera, la movilidad se vería muy disminuida. Implementar los corredores de transporte masivo o los sistemas de bicicleta pública, por ejemplo, donde hay deman- da de movilidad es uno de los requisitos básicos para el éxito de los proyectos en términos de eficiencia y costo-beneficio. Y también el transporte define la ciudad. Es altamente recomendable establecer criterios de diseño, zonificación y planeación urbana en función de la capacidad de una zona para la movilidad sustentable, dirigido a aumentar los viajes en transporte público y no motorizado, eficientar el uso de energía y a reducir las externalida- des negativas.

Movilidad sustentable. El 48% de la energía que se consume en México se utiliza para mover mercancías y personas, y la combustión de gasolina en el transporte hace que este sector sea la segunda fuente de emisio- nes de gases de efecto invernadero del país y una de las principales causas de contamina- ción atmosférica. Sin embargo una característica clave del sector transporte es que los costos de inversión para mitigación de emisiones son negativos si se toman en cuenta los co-beneficios asociados a la implementación de sistemas integrados de transporte que pueden generar beneficios económicos y ambientales importantes. El enfoque de co-beneficios debe incorporarse en las eva- luaciones costo-beneficio en comparación de proyectos que promueven un cambio modal, contra otras inversiones que no mitigan GEI. Además, el crecimiento disperso y disconexo tiene altos costos ambientales para el país, no solo en emisiones de gases de efecto in- vernadero sino en ecosistemas, hábitats y agua. Promover la vivienda nueva dentro de las áreas urbanas es una estrategia clave.

La política nacional de movilidad urbana sustentable debe vincular y coordinar tres sectores: el ambiental, el de transporte y el de desarrollo urbano.

Las tres instituciones líderes en estos sectores, las Secretarías de Recursos Naturales (SEMARNAT), de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Agrario, Territoral y Urbano (SEDATU) deberán trabajar coordinadamente de manera que los objetivos de crecimiento bajo en carbono, infraestructura y desarrollo urbano y vivienda sean congruentes, se alineen los instrumentos financieros, regulatorios y de planeación, y se genere una sinergia entre los programas a fin de reducir lo más rápido posible la brecha que nos se- para de los escenarios ideales.

Una política nacional de movilidad urbana sustentable debe tener dos ejes:

Promover la implementación de sistemas integrados de transporte urbano de alta calidad como eje rector del desarrollo de infraestructura en las ciudades, que confluyan en una sola las estrategias de movilidad no motorizada, racionalización del uso del automóvil y calidad de espacio público.

  • Promover la implementación de sis- temas integrados de transporte público en las zonas metropolitanas y ciudades medias, que incorporen rutas troncales, auxiliares y alimentadoras en lugar de co- rredores aislados, en un plan a corto, mediano y largo plazo.
  • Diseñar los proyectos de transporte masivo de manera que se priorice la cali- dad del viaje puerta a puerta de los usuarios, garantizando el más alto estándar de conectividad, nivel de servicio, cobertura y accesibilidad en el sistema de transporte completo, incluyendo la integración con los proyectos de transporte interurbano.
  • Complementar los sistemas de transporte masivo con proyectos específicos de accesibilidad peatonal, rediseño de operación y renovación de los sistemas de alimentación, sistemas de bicicletas pú- blicas de acceso a estaciones, calles com- pletas en las vías de acceso a estaciones y sistemas de gestión del estacionamiento en vía pública.
  • Crear un Programa Federal de Movilidad Urbana, que complemente y amplíe el actual Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo hacia el apoyo de proyectos específicos de movilidad peatonal, en bicicleta, gestión de la demanda de los viajes y calidad del espacio público, con el fin de crear una movilidad urbana sustentable.
  • Garantizar que los proyectos de trans- porte masivo respondan adecuadamente a la demanda estimada, y cumplan con altos estándares de calidad en operación, infraestructura, diseños de estaciones, información al usuario, integración, ac- cesibilidad, modelo de negocio y gestión institucional.
  • Establecer mecanismos de financiamiento federal para la movilidad urbana sustentable que apoye financiera y técnicamente a los gobiernos locales que quieran implementar proyectos de movilidad peato- nal y en bicicleta, así como acciones para la gestión de la demanda, buscando que sean visibles, exitosos y de alta calidad para que puedan ser replicables en el resto del país.
  • Establecer normas cada vez más exigentes de eficiencia energética para vehículos, actualizar los estándares de verificación vehicular en los programas existentes y ampliar su aplicación a nivel nacional, definir un programa nacional de chatarrización de automóviles particulares y unidades de transporte público obsoletas, e incorporar a estos últimos a los programas existentes, de manera que se otorguen créditos de manera prioritaria a las flotas que se acojan a programas federales de transporte masivo, y se enfoquen los apoyos donde más beneficio acumulado generan.

Potenciar la inversión en infraestructura de transporte urbano, con una estrategia sólida de densificación en corredores y estaciones de transporte masivo (Desarrollo Orientado al Transporte), integrando asociaciones pú- blico privadas para generar beneficios sociales en vivienda, equipamiento, infraestructura y espacio público.

  • Formalizar la obligatoriedad de desarrollar Planes Integrales de Movilidad en las zonas metropolitanas del país, de manera que cualquier proyecto de transporte financiado con fondos federales esté incorporado en una es- trategia urbana integral y responda a la visión de ciudad acordada por sus habitantes.
  • Garantizar que todo proyecto de movilidad urbana financiado con fondos federales sea parte de un plan de desarrollo urbano a lo largo del corredor y especialmente alrede- dor de estaciones. Con el fin de potenciar la demanda del sistema a la vez que reduzca la longitud de los viajes, lo que garantizaría la sostenibilidad (económica y ambiental) del mismo. A esto se le conoce como Desarrollo Orientado al Transporte.
  • Establecer un programa de financiamiento conjunto para la inclusión del suelo, infraes- tructura y operación de transporte, de manera que se establezcan estrategias de captura de valor, es decir, que se conjunte una bolsa que complementen y co-financien los proyectos de transporte masivo. Los DUIS intraurbanos impulsados por Sociedad Hipotecaria Federal representan un interesante avance.
  • Impulsar asociaciones público privadas especialmente en el mantenimiento y operación de los corredores y estaciones de transporte, garantizando un alto nivel de servicio, y reduciendo el riesgo para las partes a través de controles, reglas de operación y contratos transparentes y adecuados.

Más recursos mejor invertidos. Instrumentos Fiscales y Presupuestales.

Para maximizar el bienestar social a través del cumplimiento efectivo del derecho a la movilidad, reduciendo al máximo sus ex- ternalidades negativas, el principio clave es el equilibrio del control público de la oferta y la demanda. Los instrumentos fiscales son claves para elevar el costo de las actividades contaminantes y riesgosas, y con ello finan- ciar las que garantizan el cumplimiento del derecho. Incorporar en las tarifas las externa- lidades negativas asegura una reducción de estas actividades (como el uso excesivo del automóvil privado) y permite transferir recur- sos a subsidiar modos de movilidad sustentable. Se ha demostrado que una estrategia así es altamente progresiva (redirige recursos a los que menos tiene) y sustentable (redirige recursos a los que contaminan menos). Una estrategia adecuada de subsidios cruzados o hacia temas de alta progresividad (salud, educación) es un complemento adecuado.

Sin embargo hoy estamos en el peor de los escenarios: gasolina subsidiada, tenencia eliminada, baja recaudación local, estacionamiento barato y sin impuestos al carbono, los más importanes. Todos estos elementos fiscales han sin duda coadyuvado al bajo nivel de productividad y equidad en el país y al alto nivel de costos por externalidades en la movilidad. A través de una reforma fiscal y energética sólida se deberá promover la eliminación del subsidio a la gasolina, la creación de impuestos al carbono, la restricción a la oferta y subsidio de estacionamiento, la implementación de extracción de plusvalías del suelo en especial derivado de inversiones públicas, así como otras medidas como los feebates, impuesto a vehículos nuevos, peajes urbanos o cargos por congestión. Una conjunción adecuada de todas estas medidas permitirá cumplir con los objetivos nacionales de reducir las externalidades negativas al mismo tiempo que generar recursos suficientes para una po- lítica sólida de movilidad sustentable.

Para ampliar y mejorar la calidad de la movilidad urbana sustentable en México se debe realizar un análisis sobre el impacto de las políticas impulsadas por la Administración Pública y la Banca de Desarrollo en la última década y diversificar el destino del presupuesto, los fondos fiduciarios y el financiamiento de la cooperación internacional y los organismos multilaterales, hacia el desarrollo de la infraestructura y operación para la movilidad no motorizada y el espacio público de las ciudades en dónde se impulsan los proyectos de transporte masivo. Así como para la generación de capacidades de gestión e implementación de los gobiernos locales. El Programa Federal de Apoyo al Trasporte Masivo (Pro- tram) del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que opera Banobras fue un buen un programa piloto para promover buenas prácticas en el financiamiento. Es necesario ampliar y diversificar este modelo para com- plementarlo adecuadamente con recursos presupuestales y dirigirlo hacia proyectos de movilidad no motorizada y desarrollo orientado a la movilidad sustentable, entre otros.

De la misma manera introducir el apoyo de otras agencias de desarrollo e impulsar cambios en la orientación crediticia de los organismos multilaterales, para alcanzar una intermediación financiera libre de interferencias políticas en la asignación del crédito y en el manejo de los instrumentos que propicie un equilibrio financiero, vigilando que el endeudamiento del sector público no ponga en riesgo la viabilidad financiera de las institu- ciones. Lo anterior solo será posible bajo una adecuada rentabilidad y una prudente administración de la cartera de riesgos.

Los recursos públicos federales son un elemento determinante del tipo de infraes- tructura que se promueve en las ciudades. Por la baja recaudación local, en el caso de los estados y municipios que conforman las principales zonas metropolitanas en México, este tipo de recursos representan la fuente de ingresos más importante para dicha infraestructura y mediante éstos se financian las acciones para mejorar la movilidad y accesibilidad de la población. La movilidad urbana es un tema prioritario para las ciudades, pues en promedio estas destinan casi el 23% de los recursos federales en este tipo de inversión. Sin embargo, las inversiones para la movilidad y accesibilidad de la población son sumamente inequitativas, ya que en promedio el 76.2% del total de los recursos es destinado a inversiones que promueven el uso del auto- móvil particular (ampliación y mantenimiento de vialidades)

Esta situación podría revertirse si los fondos presupuestales que reciben las ciudades mexicanas están acompañados de lineamientos y estándares técnicos que den lugar a la implementación de una estrategia de corto plazo para las ciudades, en la cual se distinga entre la fuente de financiamiento y el tipo de obra que se quiera promover. Para el caso de inversiones para transporte público se podría pensar en mecanismos de financiamiento vinculados al Ramo 23 y posiblemente a los convenios, mientras que para inversiones para movilidad no motorizada éstas se po- dría financiar a través de los fondos de apor- taciones (sea a través de un nuevo fondo o mediante los ya existentes). El Fondo para el Cambio Climático puede aportar muchos ele- mentos para financiar proyectos innovadores (de mayor riesgo), mientras que los Fondos del Ramo 23 serían más adecuados para replicar proyectos.

De la misma manera, los estados deben garantizar en sus presupuestos un porcentaje cada vez más alto dirigido a la movilidad sustentable para las zonas me- tropolitanas, dejando de lado el criterio político muchas veces utilizado de obras grandes y caras altamente ineficientes y sujetos a procesos de poca transparencia y rendición de cuentas, que han genera- do un atraso respecto al cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y un alto endeudamiento. Es necesario relocalizar de manera sistemática el gasto público hacia inversión, mantenimiento y operación de sistemas de transporte público y movilidad no motorizada, garantizando que en los fondos federales destinados a movilidad urbana, los recursos dedicados a infraestructura vial para el automóvil se vayan reduciendo progresivamente en términos porcentuales, a la vez que se generan nuevos a través de mecanis- mos de gestión de la demanda como la tarificación del estacionamiento y de la circulación en áreas de alta congestión. Las decisiones clave sobre el futuro de las ciudades residen en este ámbito, por lo que aumentar su capacidad fiscal y eficientar la inversión y el gasto público debe ser prioritario.

La implementación de más y mejor infraestructura urbana, de una forma más rápida, se puede utilizar el apoyo de la inversión privada. Para tal propósito, se debe fomentar la participación de nuevos
actores mediante la creación y promoción de modelos de negocio que incluyan la competencia efectiva y reduzcan el riesgo de inversión. Si nuestro país logra aplicar estrategias coordinadas para el desarrollo de infraestructura y la operación de servicios bajo lo propuesto en la Ley de Asociaciones Público Privadas, puede evitarse el endeudamiento de los gobiernos locales, aumentado la participación del sector privado sin acotarla a una mera transferencia de activos y haciéndolo participar donde más eficiente es, bajo un control público cada vez más capaz. Ampliar, diversificar y mejorar los esquemas este tipo de asocia- ción requiere de una mejora de las herra- mientas y los instrumentos que México ha ido construyendo en esta materia.

Lo anterior requiere de propuestas que resuelvan las dificultades que hasta el momento han generado los contratos de concesión y prever las contingencias y los escenarios que pueden suscitarse en el largo plazo. Si este gran paso se concreta, la operación debe contemplar un plan de inversiones claro y preciso, con objetivos y metas de desempeño que sean fácilmente cuantificables y de fácil seguimiento por parte de gobiernos locales; cuyo incumplimiento sea razón suficiente para declarar la nulidad del contrato. Además de lo anterior, la inversión privada tam- bién debería de apuntar al fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los proyectos.

Planeación Efectiva. Innovar un nuevo Modelo Urbano.

El modelo de planeación actual requiere adecuarse para incorporar elementos más estratégicos de priorización, evaluación, diseño e implementación de proyectos. Ante la poca funcionalidad del sistema de planeación urbana previsto en la Ley General de Asen- tamientos Humanos, los gobiernos han ido basando cada vez más las importantes decisiones sobre inversiones y autorizaciones de proyectos, a los actores privados. Estos llevan la carga de la factibilidad técnica y financiera, pero son generalmente poco interesados en las evaluaciones sociales, ambientales y de costo de oportunidad de inversión pública, y por supuesto no pueden suplantar la respon- sabilidad pública de planear para las ciudades.

Los planes integrales de movilidad (PIM) o planes integrales de movilidad urbana sus- tentable (PIMUS) deben reconocer que la movilidad es un aspecto que involucra a toda la ciudad e impacta a todos los sectores.

La planeación de la movilidad sólo es un componente de la planeación urbana, la cual debe de considerarse en todo momento de forma integral: la gestión de las calles, los sistemas de transporte y el suelo.

Para ello debe garantizarse que los instrumentos de planeación urbana (Ley General de Asentamientos Hu- manos), ambiental (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General de Cambio Climático) y sectorial de transporte deben estar alineados. Esto no es fácil, en especial por las inercias particulares de cada tipo de planeación, sin embargo es la única manera de innovar de manera sistemá- tica la política pública: evadir el conflicto de alinear los planes y programas no soluciona los retos de la movilidad.

Es necesario modificar la forma en cómo se han diseñado e implementado las políticas públicas en materia de movilidad y desarrollo urbano; permitiendo la permanencia de los procesos de solución a pesar de los cambios en las administraciones municipales, estatales e incluso federal.

Un proceso de diseño de los PIM debe asegurar la participación de la ciudadanía bajo un enfoque de deliberación y corresponsabilidad en las decisiones que afectan a la comunidad de cada ciudad y metrópolis. Por ello, al elaborar la planeación de la movilidad se deben tener en cuenta seis elementos:

  • El sistema de planeación es de largo plazo, integral y participativo en donde planes y programas, más que documentos técnicos, son acuerdos sociopolíticos que incluyen cómo ejecutar lo acordado, con qué recursos, en qué plazos y condiciones, con qué instituciones y cómo distribuir las cargas y beneficios que genera cada acción de desarrollo.
  • Es necesario establecer un conjunto de instituciones que den soporte a la planeación de la movilidad, desarrollo urbano y la participación ciudadana.
  • Utilizar diversos instrumentos de desarrollo urbano y movilidad que permitan ejecutar las políticas y los proyectos para transformar a las ciudades y a sus sistemas de transporte.
  • Establecer una estrategia permanente y sistemática para generar una cultura de participación y corresponsabilidad de la comunidad.
  • Utilizar esquemas de financiamiento que aprovechen al máximo: la recuperación de la plusvalía que genera el crecimiento y desarrollo de la ciudad (a través del impuesto predial) y el conjunto de programas e incentivos gubernamentales.

Las políticas públicas, para ser efectivas y estables en el tiempo, necesitan ser legítimas ante la ciudadanía y contar con su apoyo para darles factibilidad social. En este sentido, es primordial tomar en cuenta a los ciudadanos, pues éstos son expertos vivenciales, con intereses propios y reales. Su opinión debe ser incluida, tanto por apropiación como por sus- tentabilidad y por corresponsabilidad de las acciones contenidas en el plan. Esto sucederá si la ciudadanía se apropia del plan, lo cual se consigue únicamente si ésta participa en su elaboración en sus diferentes fases, desde el diagnostico hasta la implementación y segui- miento. La participación debe de ir más allá de las encuestas o consultas, que no constituyen una participación real.

Innovar políticas de movilidad urbana sustentable en este país requiere una estrategia dual: por un lado la implementación de proyectos piloto exitosos y replicables, y por otro una política de replicación de estos pro- yectos acompañados de un marco nacional de planeación, financiamiento y asistencia técnica:

  • La primera estrategia es muy im- portante porque le da un carácter de realizable a una innovación y la vuelve aspiracional para los gobiernos locales, deberá centrarse en innovaciones replicables con altos beneficios y tasas de retorno financiera, social y ambiental, así como en una estrategia de comunicación sólida;
  • La segunda estrategia garantiza que una vez rebasada la barrera de la aceptación por parte de las ciudades, exista un mecanismo eficiente de apoyo para que se vuelva viable: un fondo federal capaz de financiar efectivamente los elementos de los proyectos que se requieren, y un área en el gobierno federal con la capacidad suficiente para asesorar que el proyecto sea sustentado técnicamente.

El nuevo modelo de planeación debe garantizar el interés público sobre los proyectos que se autoricen, de manera que se regule, controle y planee adecuadamente, y las asociaciones público privadas operen bajo control público. Los Planes y Programas Nacionales deberán incorporar instrumentos y presu- puesto suficiente para que las áreas de go- bierno responsables de la planeación puedan cumplir su importante trabajo y potencien la inversión y operación privadas. Para ello se requiere que los elementos contractuales, de diseño, regulación, operación, monitoreo y evaluación sigan criterios claros y eficientes que reduzcan el riesgo de los proyectos y garanticen el retorno del mayor valor posible derivado de la inversión pública.

Se requiere adecuar y actualizar las metodologías de priorización de proyectos y los criterios de evaluación costo-beneficio que requieren los proyectos de movilidad urbana, para reconocer adecuadamente los beneficios ambientales y sociales de la movilidad sustentable, incorporando los efectos de largo plazo como la demanda inducida y facilitar el procedimiento de aprobación de estos proyectos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El registro en la cartera de proyectos de inversión no debe ser una barrera para la implementación de proyectos de movilidad urbana sustentable.

Sin embargo, ninguna de las estrategias va a ser exitosa sin una política nacional de desarrollo urbano y vivienda que reduzca la expansión de las ciudades y la dependencia del uso del automóvil. La política de vivienda debe ser regida por el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y del Ordenamiento Territorial y tener como eje rector la movilidad. Para ello es necesario replantear el papel de la política financiera de vivienda social de la nación, enfocándose a generar los incentivos requeridos para el desarrollo de viviendas en zonas céntricas que contribuyan a la recupe- ración de los centros históricos y no en zo- nas periféricas. Del mismo modo, generar los mecanismos financieros para impulsar tanto el reciclaje urbano como la renta de vivien- da al interior de las ciudades. Se requiere un cambio de criterios para otorgar hipotecas y créditos puente en organismos públicos de vi- vienda, así como un impulso activo en la promoción de la vivienda en renta.

Es responsabilidad de las ciudades impulsar el uso eficiente del suelo intraur- bano en las zonas metropolitanas que reduzca las distancias de viajes, a través del financiamiento y gestión de desarrollos densos, conectados y compactos, con uso del suelo mixto con plantas bajas ac- tivas, espacios públicos de alta calidad y accesibilidad a transporte sustentable, es decir, impulsando el Desarrollo Orientado al Transporte. Hay que Priorizar el apoyo financiero e institucional a planes, proyectos y acciones que contemplen el uso eficiente del suelo, la renovación urbana, la conversión de suelo baldío y subutilizado, sometiendo la ampliación la ampliación de las manchas urbanas a proyectos de in- fraestructura de alto beneficio social y am- biental. Asimismo, se debe establecer un estándar urbano de alto nivel para proyec- tos financiados con recursos públicos, que garantice desarrollos y proyectos densos, conectados, mixtos y compactos, con alta accesibilidad no motorizada y en transpor- te público, y con espacios públicos de cali- dad. Para ello, es altamente recomendable impulsar planes estratégicos con participación público privada en zonas centrales, alrededor de estaciones de transporte o áreas de alta conectividad, que cumplan con los estándares de integración y calidad urbana, y que financien parte de la infraes- tructura de transporte requerida.

Gobiernos eficientes, Capacidad de Gerencia para una gestión eficaz.

El tercer elemento clave de la agenda nacional es la capacidad de gestión de los gobiernos. Una de las barreras más importantes en la implementación de políticas de movilidad urbana sustentable es la reducida capacidad de las administraciones de tomar las decisiones adecuadas para elaborar los estudios y proyectos, y sobre todo implementarlos correctamente. Las buenas ideas no se pueden convertir en realidad si no hay una visión y una gerencia suficientes que puedan pasar del papel a la acción. Invertir en capa- cidades institucionales genera eficiencia, efi- cacia, transparencia y menos corrupción, tal como invertir en educación en el país genera productividad y competitividad.

Cuando hay recursos limitados es importante garantizar que se haga lo más posible por cada peso. La utilización de APPs sin control público no reduce el costo de la in- eficiencia dado que los actores privados bajo su estrategia de maximización de beneficios buscarán transferir el riesgo y los costos al Estado. Cuando los gobiernos están capacitados para responder, son capaces de tomar las decisiones adecuadas en la adquisición de bienes, regulación, planeación, inversión pública o el contrato de servicios de obra u operación, instrumentos claves de la administración pública en proyectos de movilidad urbana.

Antes de implementar una política pública de movilidad urbana sustentable, se necesita siempre capacitación y creación de sinergias alrededor del tema. La capacitación es indis- pensable para políticos y técnicos, medios de comunicación y sociedad civil. Se debe realizar a través de un proceso de conocimiento compartido, con el fin de reducir la resistencia y los obstáculos que podrían presentarse ante el desconocimiento de las cualidades y las ventajas de la movilidad sustentable. Existen múltiples fuentes de información escrita y publicada, pero es muy importante escuchar y trabajar con académicos, expertos, organi- zaciones, consultores y grupos de usuarios. Documentar las experiencias tanto exitosas como fallidas es uno de los elementos más importantes de generación de capacidades. La asesoría en este tema del gobierno federal a los gobiernos locales es clave para consolidar la capacidad de las ciudades.

Un elemento crítico en los proyectos de movilidad urbana sustentable, desde la movilidad peatonal hasta los sistemas de transporte masivo es la falta de un gestor sólido políticamente y técnicamente dentro del gobierno que pueda impulsar los proyectos garantizando su robustez y calidad técnica, así como superar las barreras de financiamiento e implementación tan comunes a este tipo de proyectos. Se recomienda que el líder de la gestión se enfoque totalmente en el proyecto, e idealmente que dependa directamente del Gobernador o del Presidente Municipal, a fin de que se pueda concentrar en el proyec- to lo suficiente y que tenga fortaleza política para negociar con actores sociales, contra- tistas e inversionistas privados, otros organismos y áreas de la misma administración, instituciones federales y bancos.

El marco normativo local y federal debe mantenerse continuamente actua- lizado y crecientemente normalizado a fin de garantizar que las políticas de mo- vilidad urbana sustentable se consoliden cada vez más como una política nacional, y que el conocimiento generado en las ciu- dades del país sea recuperado y aplicado en otras. Un marco normativo demasiado laxo y disperso permite flexibilidad de im- plementación de proyectos pero no garan- tiza que se tomen las mejores decisiones e impide la institucionalización efectiva de una política. Mejor regulación no es más regulación, sino más eficiente para obte- ner los objetivos establecidos de política pública. Es ampliamente recomendable que las áreas estatales y municipales de gestión del transporte y espacio público generen manuales homologados median- te apoyo técnico, presupuestal y político del gobierno federal. Esto permitirá avan- zar en una regulación más eficiente.

Es imposible conocer el éxito de un proyecto, una política, una regulación o un criterio si no existe información para evaluarlo. Avanzar en la capacidad de los gobiernos implica monitorear y evaluar continuamente su acción de manera que se ajusten las decisiones y se corrijan los errores en función de indicadores de gestión y desempeño. Una concepción sistémica e integral de la política de movilidad requiere la incorporación del monitoreo y la evaluación como componentes interdependientes y básicos para la gestión: no pueden plantearse como acciones se- paradas y no pueden considerarse como herramientas aplicables al final de la ejecución de programas y proyectos sino como actividades integrales del mismo. Una encuesta origen-destino nacional cada 5 años en zonas metropolitanas y la generación de indicadores sistemáticos a nivel nacional de KVRs, distribución mo- dal de viajes, accidentes, emisiones, disponibilidad y accesibilidad al transporte sustentable y calidad de la movilidad son elementos obligatorios de un sistema na- cional monitoreo y evaluación.

Se requiere establecer indicadores, estándares y normas nacionales sobre los proyectos de transporte masivo, movilidad no motorizada y gestión de las calles y vialidades, buscando que el financiamiento y apoyo técnico se sujete a esos estándares. Asimismo, es importante au- mentar el gasto público en investigación y desarrollo hacia programas académicos, de investigación y de consultoría, a fin de aumentar la capacidad del país para invertir y operar sistemas integrados de trans- porte multimodal, sistemas de transporte no motorizado y de gestión del automóvil en todas las ciudades del país.