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En Chile toma fuerza proyecto de ley sobre glaciares #Chile @sebastianpinera COP25

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La organización de la COP25 es el evento internacional más grande que el país haya organizado desde el mundial de 1962. La envergadura de la cita no solo parece tener a varias autoridades concentradas en los detalles de la organización, sino que además ha revitalizado la pulsión por aprobar iniciativas verdes, algunas de las cuales son necesarias, pero que son discutidas con la riesgosa premura que impone el evento global.

En este marco, hace unas semanas el gobierno Chileno presentó una indicación sustitutiva al proyecto de ley de delitos ambientales. La nueva propuesta del gobierno triplicó las multas, las que pueden llegar ahora hasta las UTM 3 mil (unos $147 millones), mantiene la responsabilidad penal de las personas jurídicas, establece nuevas exigencias de prevención para todas las empresas y cambia la titularidad de la acción penal desde la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) al Ministerio Público.

En la discusión legislativa en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, los parlamentarios agregaron al texto la figura de “delito grave de contaminación”, que incluye, además del daño ambiental propiamente tal, eventuales afectaciones posteriores, tanto a las personas como al medioambiente, considerando, de paso, sanciones de presidio menor en su grado medio y multas que pueden llegar hasta las UTM 5 mil (unos $245 millones).

Es necesario sopesar bien la decisión de radicar la acción penal en el Ministerio Público en materia de delitos ambientales, en desmedro de la SMA. Pese a que esta última no goza de plena autonomía, al menos su accionar es técnico y especializado, por lo que tiene más competencias para fiscalizar el cumplimiento de la nueva ley.

Por su parte, el proyecto de ley sobre glaciares -una moción parlamentaria, impulsada por senadores de oposición- ha despertado la preocupación de diversos sectores empresariales, pero principalmente de la minería. Los privados acusan ambigüedad en el texto en discusión, incentivos a la judicialización y que, de aprobarse, podría tener efectos retroactivos que incluso pueden forzar el cierre de operaciones mineras vigentes, que cuentan con sus permisos ambientales aprobados. El gobierno se encuentra preparando indicaciones para flexibilizar el proyecto, porque de lo contrario no solo afectará al sector minero, sino también a otras actividades como pasos fronterizos hacia Argentina, líneas de transmisión eléctrica, embalses, concesiones de pesca en la zona austral del país y otros. Los parlamentarios que suscriben el proyecto han reforzado la presión para evitar morigerar sus alcances, aludiendo al compromiso del gobierno con la COP25.

Es inevitable que el marco regulatorio ambiental avance hacia una mayor protección del entorno y converja a los estándares que tienen otras economías desarrolladas. Lo preocupante, en este caso, es que se busca cerrar las brechas en materia de normativa ambiental con la ansiedad de la cumbre internacional y zanjar en unos pocos meses, discusiones de larga data. En este contexto, la probabilidad de que falle el diseño de estos proyectos es alta.