México impone nueva ley de aguas. La discusión nacional sobre la nueva ley de aguas ha encendido alertas en el sector privado por el alcance de los cambios propuestos. La iniciativa busca devolver al Estado un papel central en la administración del recurso, proteger el agua como un bien público y garantizar que la población cuente con acceso asegurado. Aunque estos objetivos generan amplio respaldo, también abren interrogantes sobre el impacto real que tendría en las operaciones de las empresas una vez que se apruebe y ponga en marcha.
La propuesta representa una transformación profunda en la relación entre las compañías y el recurso hídrico. “El agua dejará de verse únicamente como un insumo y pasará a considerarse un componente estratégico sujeto a un escrutinio sin precedentes»
Este cambio obligaría a las empresas a replantear sus modelos de consumo, su infraestructura interna y hasta la viabilidad de ciertos procesos que hasta ahora dependían de un marco regulatorio más flexible.
En México seis sectores productivos consumen casi el 80 % del agua industrial. El punto crítico no es solo la reforma, sino la velocidad con que deberá adaptarse si es aprobada
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Lo que la ley de aguas implicará al sector privado
Para el sector privado, el punto crítico no es solo la reforma, sino la velocidad con que deberá adaptarse si es aprobada. La supervisión más estricta, la prohibición parcial de transferir concesiones, la obligación de medir consumos con mayor precisión y las sanciones más severas por incumplimientos podrían traducirse en incrementos de costos operativos. Aun así, no todo se perfila como un desafío. También surgen ventanas de oportunidad relacionadas con innovación tecnológica, ahorro de agua y transición hacia sistemas más eficientes.
De acuerdo con datos de CONAGUA, en México seis sectores productivos (azucarero, químico, petrolero, celulosa/papel, textil y bebidas), consumen casi el 80 % del agua industrial y del consumo de agua de la industria, aproximadamente el 50% se usa para enfriamiento, 35% en procesos, 5% en calderas y 10% en servicios.
El mayor desafío para las compañías radica en la falta de preparación. “Quedarse quietos es la peor estrategia”, Por lo que se recomienda revisar el estatus legal de las concesiones vigentes, evaluar la dependencia hídrica de cada proceso, modelar escenarios de restricciones y considerar inversiones en tecnologías de reúso y captación. También destaca la importancia de establecer diálogo temprano con autoridades locales y federales ante el mayor involucramiento del Estado en la toma de decisiones.
La narrativa del gobierno federal apunta hacia la equidad, la eficiencia y la sustentabilidad, sin embargo, organizaciones civiles y académicos advierten que la iniciativa no termina de romper con viejas prácticas. Señalan que no garantiza una redistribución justa del agua y que algunos sectores con mayor influencia podrían mantener posiciones privilegiadas. S
La iniciativa busca corregir inercias históricas, pero su redacción deja áreas grises que podrían perpetuar desigualdades en el acceso y en la concentración de concesiones.
Mientras la iniciativa avanza en el debate legislativo, el sector privado no debe esperar al desenlace para actuar. De aprobarse, la nueva ley implicará un cambio irreversible en la forma en que México gestiona y distribuye el agua”,
Se hace énfasis en que las empresas deben de priorizar dicha revisión y prepararse para no enfrentar el ajuste con desventaja.
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“Es una ley regresiva que nos despoja de los derechos ganados por los agricultores con las concesiones de agua; pone en riesgo la estabilidad de nuestras familias, nuestras inversiones y el crecimiento económico del campo”, denuncia Eraclio Rodríguez, exdiputado federal del PT y campesino de Chihuahua. De acuerdo con Rodríguez y sus compañeros del Frente Nacional para el Rescate del Campo, una organización con presencia en 25 Estados, sus tierras carecen de valor sin la concesión de agua.
En los 90, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se promulgó la Ley de Aguas Nacionales que permite la transición de derechos entre privados sin tener que pasar por la Administración pública. Esto llevó a que, actualmente, la Conagua no tenga ni control ni trazabilidad de cuánta agua usan los usuarios ni para qué fines. Como hay demasiado volumen de extracción concesionado, la Conagua no puede dar más permisos y los particulares son orillados a realizar operaciones alegales de compraventa. Con esta nueva ley, una concesión no utilizada vuelve a la Conagua para que la reasigne.
Los millonarios del agua, un trabajo académico que analizó las concesiones de agua en México, observó que hay unos 3.300 grandes usuarios privados a los que la Conagua ha dado un volumen de un millón de metros cúbicos o más al año. En total, siendo el 1,1% del padrón, tienen un total de 13.000 millones de metros cúbicos al año, el 22% de toda el agua concesionada en todo el país. Para hacerse una idea, el volumen de una piscina olímpica es de 2.500 metros cúbicos.